La investigación denominada “Operación El Dorado” dio un nuevo paso este fin de semana luego que el Tribunal de Garantía de Illapel decretara la prisión preventiva para siete de los imputados, al estimar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
La causa, liderada por el Ministerio Público, apunta a una presunta organización criminal que habría operado desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, involucrando delitos de tráfico de drogas, asociación criminal, corrupción de funcionarios, lavado de activos e ingreso de elementos prohibidos al recinto penitenciario.
Tras una extensa audiencia de formalización, la magistrada Andrea Rojas concluyó que existen antecedentes suficientes para establecer, en esta etapa inicial de la investigación, la existencia de los delitos y la participación de varios de los acusados.
Uno de los aspectos que más preocupación generó en el tribunal fue la supuesta utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos al interior del penal para coordinar actividades ilícitas. Según los antecedentes expuestos por la fiscalía, interceptaciones telefónicas, registros audiovisuales y evidencia extraída desde aparatos incautados permitieron vincular a varios de los imputados con estas conductas.
Entre los siete enviados a prisión preventiva figuran funcionarios y particulares que, de acuerdo con la investigación, habrían desempeñado distintos roles dentro de la estructura investigada. Respecto de algunos de ellos, el tribunal estimó acreditados delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de drogas, cohecho, lavado de activos e ingreso de elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios.
La resolución judicial destaca que existirían antecedentes para sostener la existencia de una organización con funciones definidas y permanencia en el tiempo. En ese contexto, uno de los funcionarios penitenciarios investigados es señalado como presunto líder de la red, mientras que otro imputado habría actuado como intermediario en las operaciones investigadas.
Asimismo, el tribunal descartó sustituir la prisión preventiva de dos mujeres imputadas por tráfico de drogas, considerando la gravedad de los hechos y la cantidad de sustancias incautadas durante las diligencias.
No obstante, la magistrada resolvió rechazar la prisión preventiva solicitada para uno de los funcionarios de Gendarmería, al estimar que los antecedentes expuestos durante la audiencia no permiten vincularlo, por ahora, con los delitos de asociación criminal y tráfico de drogas. En su caso se decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.
Otros tres acusados quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, entre ellas arresto domiciliario parcial nocturno, firma mensual, arraigo nacional y prohibición de mantener contacto con los restantes involucrados.
La investigación tendrá un plazo de 120 días, período durante el cual la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes para esclarecer el alcance de una trama que, según la tesis investigativa, habría utilizado el recinto penitenciario de Illapel como centro de coordinación para actividades delictivas.
