El caso se remonta a noviembre de 2019 y tuvo como víctima a Camila Caimapo Vallejos. La representación judicial de la afectada cuestionó el fallo y anunció que analizará eventuales recursos una vez conocidos los fundamentos de la sentencia.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena entregó un veredicto absolutorio para tres funcionarios de Carabineros acusados de delitos de tortura, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público, en una causa originada durante las movilizaciones del estallido social de 2019 en la Región de Coquimbo.
La resolución fue comunicada este martes 18 de agosto, casi siete años después de los hechos investigados, ocurridos el 6 de noviembre de 2019 en las inmediaciones de Plaza Las Américas, en Coquimbo.
La víctima, Camila Caimapo Vallejos, denunció haber sido agredida durante el desarrollo de las manifestaciones, cuando se encontraba entregando alimentos a personas que participaban de las movilizaciones.
Acusación apuntaba a agresiones y amenazas
De acuerdo con la acusación presentada durante el juicio, en medio del operativo policial se utilizaron gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios. En ese contexto, una funcionaria policial habría efectuado disparos a corta distancia contra Caimapo, provocándole lesiones en ambas piernas.
La acusación sostuvo además que, posteriormente, mientras la mujer permanecía detenida y recibía atención médica en el Hospital San Pablo de Coquimbo, habría sido objeto de amenazas por parte de otro de los funcionarios imputados.
A ello se sumó un tercer hecho relacionado con el parte policial confeccionado tras su detención, documento en el que, según la acusación, se habrían omitido las lesiones que presentaba la víctima.
La causa contó con la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de la Corporación 20 de Octubre, luego de que el Ministerio Público determinara no perseverar en la investigación por falta de antecedentes suficientes para continuar con la persecución penal.
Querellantes cuestionan el resultado
Tras conocerse el veredicto, la abogada Adriana Rojas, representante de Caimapo Vallejos, manifestó su disconformidad con la resolución y situó el resultado dentro de lo que calificó como un escenario de impunidad en causas relacionadas con vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social.
La profesional también cuestionó la decisión adoptada previamente por el Ministerio Público de no perseverar en la investigación, argumentando que correspondía al organismo persecutor desarrollar las diligencias necesarias para reunir los antecedentes.
Según Rojas, durante la preparación del juicio también fueron excluidos distintos elementos probatorios, mientras la representación de la víctima solicitó considerar tratados internacionales de derechos humanos frente a aspectos que, a su juicio, no estaban suficientemente abordados por la legislación nacional.
Desde la Corporación 20 de Octubre, el abogado Marcelo Gálvez igualmente criticó el resultado del proceso y manifestó reparos respecto de la actuación del Poder Judicial en causas vinculadas a derechos humanos.
Evaluarán eventuales recursos
Pese a las críticas expresadas tras conocerse el veredicto, la defensa de la víctima señaló que todavía es necesario esperar la sentencia y conocer sus fundamentos antes de definir los pasos jurídicos a seguir.
La abogada Adriana Rojas indicó que la resolución deberá ser estudiada en detalle y que, posteriormente, evaluarán la presentación de los recursos que correspondan.
La sentencia está prevista para ser conocida el próximo 28 de agosto.
La representación de Caimapo también informó que anteriormente fueron presentados antecedentes ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, debido a la decisión del Ministerio Público de no continuar con la persecución penal.
Mientras esperan los fundamentos del fallo, los representantes de la víctima sostienen que aún existen instancias para intentar revertir la decisión y buscar justicia por los hechos denunciados durante las movilizaciones de 2019.
