PC justifica endeudamiento por $25 mil millones y defiende acuerdo presupuestario que genera tensiones en la oposición

El senador comunista por Coquimbo, Daniel Núñez, defendió el acuerdo presupuestario y sostuvo que recurrir a deuda puede ser razonable para financiar demandas sociales. Sin embargo, la decisión contrasta con la posición que habían sostenido otros sectores opositores, en medio de un escenario marcado por el desempleo de 9,8%, el bajo crecimiento económico y las advertencias sobre la inversión y la actividad productiva.

El respaldo del Partido Comunista al mecanismo de endeudamiento por $25 mil millones propuesto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió un nuevo foco de diferencias al interior de la oposición. La colectividad justificó su posición argumentando que los recursos permitirán resguardar programas sociales y responder a necesidades que, según sus dirigentes, no pueden quedar desatendidas por razones presupuestarias.
La postura fue defendida por el senador comunista por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, quien sostuvo que las decisiones económicas del Gobierno de José Antonio Kast, particularmente los cambios tributarios que benefician a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos, podrían reducir estructuralmente los recursos disponibles para el Estado durante los próximos años.
Desde esa perspectiva, el parlamentario planteó que recurrir al endeudamiento, aunque no constituye una alternativa deseable, puede ser razonable si permite financiar compromisos sociales como la gratuidad, el mejoramiento de las pensiones, la entrega de computadores a estudiantes y el fortalecimiento de los presupuestos de salud.
“Si bien siempre es preocupante endeudarse, aquí lo fundamental es que ese endeudamiento vaya dirigido a resolver demandas sociales sentidas”, argumentó Núñez.
El argumento del PC frente  a un escenario económico complejo 
El razonamiento del senador se produce en un momento en que distintos indicadores económicos mantienen las alertas sobre el desempeño de la economía chilena y sus efectos sobre el empleo, la inversión y los sectores productivos.
De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la desocupación nacional alcanzó un 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, aumentando 1,3 puntos porcentuales en doce meses. A esto se suma una disminución de 1,1% en la cantidad de personas ocupadas, reflejando las dificultades que enfrenta el mercado laboral.
Por su parte, el Banco Central, en su Informe de Política Monetaria de septiembre, redujo considerablemente sus proyecciones de crecimiento para 2026, situándolas en un rango de apenas 0,25% a 0,75%. El organismo también advirtió sobre el debilitamiento de la demanda interna, el deterioro de la confianza empresarial y de los hogares, y las dificultades que enfrenta la inversión.
En esa misma línea, el Imacec de septiembre registró un crecimiento de apenas 0,2% en doce meses, mientras que la producción minera experimentó una caída anual de 12,1%. Asimismo, las proyecciones del instituto emisor apuntaron a una contracción de 0,3% en la formación bruta de capital fijo durante este año.
Estos antecedentes configuran un escenario que mantiene bajo observación a los sectores productivos, particularmente por sus eventuales efectos sobre la generación de empleo, la inversión privada y las perspectivas de recuperación económica.
Los US$700 millones recuperados y las diferencias con el resto de la oposición
En paralelo, el Comité del Partido Comunista e Independientes defendió los resultados de la negociación presupuestaria, asegurando que junto a otras fuerzas opositoras consiguió recuperar cerca de US$700 millones destinados a distintas áreas sociales.
Entre los recursos recuperados mencionaron el financiamiento del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), la Ley Ricarte Soto, cuatro programas de Atención Primaria de Salud y compromisos para fortalecer la inversión pública y reducir las listas de espera.
En educación, destacaron la reposición de las Becas de Acceso TIC, conocidas como “Yo elijo mi PC”, mayores aportes a las universidades estatales y recursos para becas indígenas, JUNJI, liceos bicentenario y formación continua de docentes.
También reivindicaron las gestiones para resguardar el financiamiento de los sitios de memoria y del Plan Nacional de Búsqueda, además de exigir que se mantengan los recursos destinados a INDAP y PRODEMU.
Sin embargo, el aspecto políticamente más relevante de este acuerdo no está solamente en los recursos recuperados, sino también en la disposición del PC a respaldar una fórmula de financiamiento mediante endeudamiento que introduce diferencias con la posición que otros sectores de la oposición habían venido manifestando frente a la conducción económica del Ejecutivo.
La discusión plantea una interrogante dentro del bloque opositor: ¿hasta dónde es posible rechazar la política económica y fiscal del Gobierno y, al mismo tiempo, respaldar mecanismos de endeudamiento cuando se consideran necesarios para mantener programas sociales?
Por ejemplo, el diputado socialista Daniel Manouchehri criticó el acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El parlamentario señaló que, mientras en la Cámara de Diputados la oposición actuó unida para rechazar el margen de deuda como medida de presión, los parlamentarios del Partido Comunista (PC), el Partido por la Democracia (PPD) y la Democracia Cristiana (DC) que respaldaron al Ejecutivo en el Senado “van a tener que responder del porqué de ese apoyo”.
La diferencia adquiere mayor relevancia cuando los indicadores económicos muestran un mercado laboral debilitado, perspectivas de crecimiento acotadas y dificultades para recuperar el dinamismo de la inversión.
Desde el PC, Núñez sostiene que el endeudamiento debe tener un propósito social y que los recursos extraordinarios conseguidos durante la negociación presupuestaria,  permitirán mejorar pensiones, fortalecer las universidades públicas, financiar los servicios locales de educación y responder a demandas habitacionales.
La colectividad, además, cuestionó la disposición del Gobierno al diálogo y aseguró que, pese a ser minoría en ambas cámaras, continuará defendiendo los derechos sociales.
Así, el acuerdo presupuestario deja expuesta una diferencia política que trasciende la discusión de las cifras: mientras el Partido Comunista privilegia la recuperación de recursos y la continuidad de los beneficios sociales, otros sectores opositores mantienen sus reparos frente a las fórmulas de financiamiento y a la orientación económica del Ejecutivo.
Un debate que vuelve a poner sobre la mesa la relación entre responsabilidad fiscal, endeudamiento público, inversión, empleo y protección social, en un momento en que la economía chilena enfrenta importantes desafíos.