Después de más de dos años de diligencias, la investigación por el denominado Caso Sierra Bella ha llegado a su fin. Así lo confirmó este lunes el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerrar la causa, al no contar con los antecedentes suficientes para formalizar cargos.
La decisión fue oficializada mediante un escrito donde el persecutor explicó que “no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”, lo que motivó su decisión de no perseverar en el procedimiento.
El caso se originó tras la compra municipal de la ex clínica Sierra Bella durante la gestión de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, operación que fue objeto de cuestionamientos por un presunto fraude al fisco. Sin embargo, tras una extensa indagatoria, no se logró establecer la existencia de delitos.
Entre los elementos investigados, se determinó que no hubo comunicaciones irregulares entre la inmobiliaria vendedora y funcionarios del municipio. También se acreditó que los propietarios del recinto atravesaban por una crisis financiera al momento de la venta, lo cual fue considerado un factor clave para descartar un eventual ilícito.
La Fiscalía ha solicitado que se agende una audiencia para dar a conocer oficialmente esta determinación, la cual marca el cierre de una de las investigaciones más mediáticas relacionadas con la gestión municipal en Santiago.
En este contexto, la exalcaldesa Irací Hassler cuestionó duramente el uso político de la justicia, apuntando directamente al Partido Republicano como responsable de impulsar una acusación que, según afirmó, carecía de fundamentos.
A su juicio, la prolongación innecesaria del proceso judicial y las filtraciones a la prensa no solo buscaban perjudicar su imagen, sino también influir en el escenario electoral. “Quedó demostrado que no existían antecedentes que justificaran una acusación formal. Esto no fue un error, fue una estrategia calculada”, sostuvo Hassler, quien enfatizó la necesidad de resguardar la independencia de las instituciones frente a intereses partidistas.
