Una investigación de CIPER Chile reveló que los fundamentos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para solicitar la interceptación del teléfono del presidente Gabriel Boric carecen de sustento. La fiscalía aseguró tener una “confesión” de que fondos de convenios públicos fueron desviados por Procultura a la campaña presidencial de Boric, pero CIPER demostró que el dinero en disputa provenía de donaciones privadas de empresas como Enel, Anglo American y Minera Candelaria, no de recursos estatales.
La acusación se basó en una escucha telefónica en la que Lucía Bustamante, dueña de la imprenta Andros, reclamaba una deuda de $41,9 millones a Procultura y mencionaba que su director, Alberto Larraín, le habría dicho que ese dinero se usó en la campaña de Boric. Sin embargo, CIPER verificó que los servicios impagos correspondían a proyectos culturales financiados con aportes privados y que no hay evidencia de que esos fondos hayan llegado a la campaña.
Además, las facturas impagas fueron emitidas en 2023, dos años después de las elecciones, lo que debilita aún más la tesis del fiscal. La oposición había reaccionado con fuertes críticas, exigiendo incluso una comisión investigadora, pero los hallazgos de CIPER cuestionan la rigurosidad de la acusación.
El reportaje también revela que Cooper omitió en su solicitud que Bustamante había trabajado previamente para la campaña de Boric, un dato que podría haber contextualizado sus declaraciones. Hasta ahora, la investigación fiscal no ha presentado pruebas concretas de irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial.
“No hay antecedentes fidedignos”
El Juzgado de Garantía de Antofagasta, en tanto, rechazó en dos oportunidades la solicitud del fiscal Cooper para intervenir el teléfono de Boric, señalando que no existían pruebas concretas que vincularan al Presidente con irregularidades.
En su fallo, el tribunal fue categórico: “Tampoco se han aportado antecedentes fidedignos que los fondos asignados a la fundación hubiesen sido destinados a actividades políticas y que de aquello tuviera conocimiento este tercero [Boric]”, respondió el juzgado.
La fiscalía intentó respaldar su petición con otros argumentos, como la relación entre Larraín y Boric, transferencias de dinero a un ex candidato del Frente Amplio, y un aumento en los convenios de Procultura con el Estado. Sin embargo, el juzgado desestimó estas conexiones como meras especulaciones, señalando que “el solo hecho de ocupar determinado cargo no implica responsabilidad penal”.
Con estos antecedentes, la investigación de CIPER y las resoluciones judiciales ponen en duda la solidez del caso impulsado por el fiscal Cooper, dejando al descubierto la falta de pruebas contundentes que respalden sus acusaciones.
