Santiago, abril de 2026. — La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales emitió un duro comunicado en el que denuncia un recorte del 47% al presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud para el año 2026, medida que —según la organización— implicaría despidos masivos, cierre de oficinas regionales y una eventual “liquidación progresiva” de la institución.
De acuerdo al documento, el ajuste fue establecido mediante el Decreto N°331 del Ministerio de Hacienda, lo que se traduce en una disminución superior a $3.859 millones destinados a programas juveniles en el país.
Despidos y cierre institucional
La ANEF advierte que esta decisión conlleva:
* El despido inmediato de 137 funcionarios y funcionarias del INJUV a nivel nacional.
* El cierre de direcciones regionales y la eliminación de espacios de organización juvenil.
* Un proceso de “asfixia presupuestaria” que derivaría en el cierre anticipado del servicio.
Acusación de ilegalidad
El gremio sostiene que el Ejecutivo no tiene facultades para clausurar el INJUV mediante un decreto presupuestario, argumentando que los servicios públicos solo pueden ser creados o eliminados por ley, tras debate en el Congreso Nacional, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de Chile.
Asimismo, califican la medida como una forma de eludir el control parlamentario y vulnerar principios básicos del Estado de Derecho.
Vulneración de derechos laborales
El comunicado también señala que los despidos masivos afectarían la estabilidad en el empleo público y la irrenunciabilidad de los derechos laborales, indicando que “ningún decreto presupuestario habilita terminaciones arbitrarias de contratos indefinidos ni desfinanciamiento selectivo para provocar renuncias forzadas”.
Frente a este escenario, la ANEF expresó su respaldo a los trabajadores del INJUV y llamó a:
* Las asociaciones base a movilizarse en defensa del servicio.
* Al Congreso a ejercer control de constitucionalidad sobre el decreto y rechazar cualquier intento de cierre encubierto.
El documento fue firmado por el secretario general, Carlos Insunza Rojas, y el presidente nacional, José Pérez Debelli, quienes calificaron la situación como “inaceptable” y alertaron sobre un precedente grave en materia de políticas públicas juveniles y derechos laborales en el Estado.
