Vecinos de cuatro localidades del Valle de Camisas mantienen tomado el camino que conduce a las piscinas de emergencia de Minera Los Pelambres, exigiendo garantías frente a una posible contaminación de las aguas tras la rotura de cañerías de relaves ocurrida el pasado 23 de julio en el sector de Chacay, comuna de Salamanca.
El incidente, confirmado por la propia minera, se produjo cerca de las 10:00 horas de ese día, cuando dos roturas en su sistema de transporte de relaves obligaron a activar las piscinas de contingencia. Desde entonces, la situación ha generado preocupación entre comunidades y organizaciones medioambientales, quienes acusan riesgo de filtraciones y contaminación del estero Camisas, fuente de agua para sistemas de Agua Potable Rural (APR).
Las demandas y el petitorio
De acuerdo con antecedentes conocidos, inicialmente los vecinos solicitaron una compensación de 30 millones de pesos por familia, propuesta que fue rechazada por la empresa. Posteriormente, las comunidades modificaron su petitorio, enfocándose en mejoras habitacionales y en garantías de calidad del agua para los sistemas de APR.
El alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, señaló en entrevista con un medio regional que la inquietud de los habitantes se sustenta en antecedentes de 2021, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente acreditó filtraciones desde las piscinas de emergencia al río. “Es comprensible que exista temor, pues ya hubo evidencia anterior que generó compensaciones económicas”, indicó.
La postura de Los Pelambres
A través de un comunicado, Minera Los Pelambres descartó afectación a la calidad del agua en el Valle de Camisas, respaldándose en estudios y monitoreos realizados desde 2022. “Los resultados se encuentran dentro de rangos normales históricos. No existen filtraciones en las piscinas de emergencia, las que cuentan con permisos sectoriales y certificados de estanqueidad vigentes”, aseguró la compañía.
La minera criticó las medidas de presión de un grupo reducido de vecinos, acusando que estas acciones retrasan el vaciado de las piscinas e impiden el monitoreo ambiental. Asimismo, reiteró su disposición al diálogo, recordando que ya se instaló una mesa técnica con la comunidad de Colliguay —que decidió desistir de las movilizaciones— junto a autoridades regionales y provinciales.
Un conflicto aún abierto
Si bien la empresa ha entregado análisis recientes que descartan contaminación, las comunidades mantienen la protesta a la espera de resultados oficiales de la Superintendencia del Medio Ambiente. El alcalde Lillo calificó la manifestación como pacífica, aunque reconoció que “toda toma de camino es ilegal”.
Hasta el cierre de la presente nota, se esperaba un eventual desalojo de los manifestantes tras la presencia en el lugar de un fuerte contingente de Carabineros, quienes fueron convocados para buscar en lo posible, un diálogo con los manifestantes antes de proceder.
El conflicto refleja una vez más la tensión histórica entre la gran minería y las comunidades rurales de Salamanca, donde los temas ambientales y la gestión del agua se mantienen como ejes de preocupación social.
