La Contraloría General de la República (CGR) anunció que realizará una auditoría a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para evaluar su fiscalización en los problemas sanitarios y ambientales generados por la empresa Aguas San Isidro (ESSI) en cinco regiones del país.
La decisión se tomó luego de que la diputada Viviana Delgado Riquelme, a través del Prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, solicitara un pronunciamiento sobre el informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI35), que analizó el impacto de ESSI en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.
Alcance de la auditoría
La Unidad de Medio Ambiente de la Contraloría examinará las acciones de la SISS frente a los cuestionamientos por contaminación y fallas en el servicio de ESSI. El proceso se llevará a cabo durante 2025 y sus resultados serán públicos a través del sitio web institucional.
Contexto del caso
ESSI ha sido acusada en múltiples ocasiones de deficiencias en el tratamiento de aguas servidas, cortes de suministro y contaminación ambiental, lo que ha generado protestas en las comunidades afectadas. La CEI35 ya había identificado irregularidades, lo que motivó el requerimiento de la diputada Delgado para una revisión más profunda.
“La auditoría de la Contraloría a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en relación con Aguas San Isidro es una respuesta necesaria ante un historial preocupante de incumplimientos y deficiencias graves en la calidad del agua y el manejo ambiental por parte de esta empresa. Aguas San Isidro ha acumulado múltiples denuncias, sanciones y procesos abiertos por contaminación y mala prestación del servicio en varias regiones de Chile, situación que ha sido documentada y denunciada por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que incluso recomendó la caducidad de varias concesiones y acciones legales contra la empresa”, señaló Bárbara Astudillo, defensora ambiental y de derechos humanos de la Provincia de Petorca, integrante de Protege los Molles y de la Coordinadora Nacional contra Aguas San Isidro.
“La SISS, encargada de fiscalizar y sancionar a las concesionarias, ha mostrado limitaciones en su capacidad de supervisión efectiva, lo que ha generado una débil vigilancia y control, permitiendo que los problemas persistan. En este contexto, la auditoría externa de la Contraloría es fundamental para evaluar la gestión de la SISS, fortalecer los mecanismos de control y asegurar que se protejan los derechos de los usuarios y el medio ambiente”, agregó Astudillo.
La dirigente ambientalista señaló por último que la auditoría “es un paso clave para transparentar y mejorar la fiscalización en el sector sanitario, enviando un mensaje claro sobre la exigencia de responsabilidad y cumplimiento normativo a las empresas concesionarias, y la necesidad de que los organismos públicos cumplan con su rol de supervisores efectivos”.
Próximos pasos
Una vez finalizada la auditoría, la Contraloría emitirá un informe con recomendaciones para mejorar la regulación y fiscalización de los servicios sanitarios en las zonas afectadas.
Paulina Opazo Rojas, jefa del Departamento de Medio Ambiente y Obras Públicas de la CGR, firmó la resolución que da inicio al proceso, asegurando transparencia en la investigación.
Este caso podría derivar en sanciones o cambios normativos para evitar futuros impactos ambientales y garantizar el acceso al agua potable en las regiones involucradas.
