En Asamblea presencial desarrollada el sábado en el Centro Cultural Nemesio Antúnez de Combarbalá, dirigentes crianceros de las tres provincias dieron a conocer irregularidades que distorsionan el propósito del Plan Caprino, por el que se ha luchado más de 10 años.
En su origen, el Plan Caprino pretendía adaptar esta actividad ancestral a las nuevas condiciones que impone la escasez provocada de agua y el consiguiente Cambio Climático, para ello se estableció la urgencia de asegurar agua, tierra y forraje, por ejemplo, invirtiendo en obras de pequeñas escala que posibilitaran infiltrar agua a los acuíferos, generar sombra para que crezca el forraje y recuperar las praderas erosionadas; mientras a la par se invertiría para que las y los crianceros históricos pudieran contar con infraestructura básica para criar en establo una parte de su ganado y así disminuir la presión sobre el entorno.
Para implementar esto, se luchó por conseguir recursos del presupuesto nacional, lo que se logró finalmente el 2019, adjudicándose exclusivamente para el plan 8 mil millones de pesos, que se entregarían a razón de 2 mil millones por año. Sin embargo, las platas se entregaron vía INDAP, y ahí comenzaron los problemas, según denuncian los crinaceros, pues se impuso la normativa y la lógica de INDAP al plan Caprino, “de modo tal que lo logrado para valorar y reconocer la importancia de la criancería en nuestra identidad, en nuestros campos y en nuestras mesas, se transformó en un fondo de promoción de microempresarios lecheros, basado en la competencia, la eficiencia, la modificación genética, el mercado y la estandarización”, señalan.
En todas las comunas se alega que la criancería histórica ha sido una vez más marginada y de seguir la sequía, corre serio peligro de desaparecer. “INDAP ha elegido a dedo a mucha dirigencia para los beneficios, generando serios problemas de representatividad y de relaciones en los territorios, esta práctica no es nueva, por lo tanto deducimos que obedece a una estrategia de acallamiento y de división, más que a un esfuerzo de distribución equitativa de recursos” precisó la asamblea.
Señalan que los fondos, en su mayoría, contra toda lógica y pretensión campesina, han sido otra vez despilfarrados en consultorias y asesorías, imponiendo la modalidad de proyectos que quitan tiempo, juegan con la necesidad de las personas y luego son rechazados. A esto se suma la cobertura solo para usuarios INDAP, exigencias de acreditar propiedad sobre la tierra o comodato a 10 o 15 años, se desdeña a los pequeños que tienen ganados diversos de pocas cabezas, en fin, “cuestiones impresentables”, porque las platas ganadas por los campesinos deben invertirse acorde a las demandas y a la lógica campesina, lo que vuelve absolutamente imprescindible que la gobernanza de este Plan y el monitoreo del destino de los dineros públicos, recaiga en la comisión de Fomento Productivo de la Mesa Regional Campesina, “lugar de donde nunca debió haber salido, porque es una instancia tripartita ideada justamente para cautelar una administración con participación vinculante entre las organizaciones campesinas, las municipalidades y el gobierno de turno”, enfatizan.
Por último, expresan que defenderán la Política de Desarrollo Rural por la que han luchado. “Hemos aprendido que en el paso del campo a las oficinas, los programas y compromisos cambian mucho y que no hay que bajar la guardia. Es por eso que encomendamos a la senadora Adriana Muñoz que visibilizó nuestra lucha en el parlamento y fue gestora de su financiamiento, que ordene una fiscalización exhaustiva de la implementación del Plan Caprino en 2021, de modo tal de demostrar con las mismas cifras con las que siempre nos confunden, que las cosas se han hecho mal, y que aún estamos a tiempo de hacerlas bien, sacando el Plan de INDAP y retomando el control territorial de los fondos asignados a la supervivencia de este verdadero patrimonio de la humanidad, como es la criancería caprina de la región de Coquimbo”.