Cuestionan resolución de prohibición de manifestaciones políticas dictada por Gobernador de Choapa

La abogada Carolina Salas, doctora en Derecho Constitucional de Dignitas Asociados, indicó que en la resolución de la gobernación de Choapa carece de Fundamento. “En un Estado de Derecho las decisiones de la autoridad deben ser fundamentadas, eso significa que debe utilizar una norma jurídica que avale la objetividad de la resolución”.

Según Salas, el permiso administrativo no es un medio de restricción del derecho a reunirse, pues no es un requisito exigido por la Constitución.” Al ser un derecho fundamental, la Carta exige que sea pacífica y sin armas, por ende el permiso administrativo (regulado en un decreto) tiene por objetivo sólo la coordinación con la fuerza pública”.

Agregó que la respuesta administrativa de la Resolución tiene solo un fundamento político. De hecho indica en el considerando número 2: “Que, este domingo 18 de octubre de 2020, se cumple un año del estallido social en Chile, que afecto la infraestructura y seguridad pública de distintas partes del país, razón por la cual esta autoridad toma la decisión de no autorizar actividades de connotación política durante la semana del 13 al 18 de octubre del presente. Sin perjuicio de lo anterior, las solicitudes después de dicha fecha serán autorizadas por esta autoridad”.

“El Gobernador se funda en razones políticas, usando presunciones de cómo será la manifestación en Salamanca usando como referente lo ocurrido en Santiago. Esa es una razón política”, reafirmó la abogada.

Por su parte, Tarcila Piña Riquelme, Directora Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, calificó como “preocupantes las declaraciones del Gobernador”, precisando que el derecho de reunión y la libertad de expresión “son derechos fundamentales protegidos por tratados internacionales de DDHH, como es el Pacto Internaciones de Derechos Civiles y Políticos”.

Agregó  “Nos preocupa que la Gobernación Provincial de Choapa haya prohibido por entero la realización de una actividad pública, solicitada previamente por particulares, porque esta prohibición supone a nuestro entender una vulneración al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, ambos de rango constitucional”.

Tarcila Piña enfatizó que si bien el ejercicio del derecho a la reunión puede tener ciertas restricciones, “éstas solo pueden ser las necesarias en una sociedad democrática, o en interés de la seguridad nacional, del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. En otras palabras, se puede restringir el ejercicio del derecho a la reunión cumpliendo ciertos requisitos, pero en este caso, se llegó al punto de su prohibición”.

Debido a esto, es que el INDH estamos evaluado  “acudir a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la legalidad de este acto administrativo que prohibió el ejercicio de estas garantías constitucionales”, puntualizó finalmente.

“Redacción no fue la mejor”

En tanto el Gobernador de Chopa, Juan Pablo Gálvez, reconoció en una entrevista entregada a Radio Guayacán FM de La Serena, que la redacción del documento “no fue la mejor”.

La autoridad provincial indicó que durante la semana llegaron tres solicitudes para realizar movilizaciones en torno a la celebración del primer aniversario del estallido socia en Chile, precisando que dos de ellas fueron denegadas.

“”Tuvimos una reunión con el Comité Policial con las policías de la provincia del Choapa, también con el encargado del Ejército acá en la provincia, y debido a que esta semana se conmemora un aniversario del 18 de octubre, decidimos que cualquier tipo de manifestación, caravana, que tenga algún carácter político o que pueda generar algún tipo de controversia o algún problema en la vía pública, decidimos no autorizarla, sin perjuicio que después pasada esta fecha, no teníamos ningún problema en autorizar”, enfatizando que la preocupación se centra en el ámbito de la seguridad pública considerando una merma de funcionarios producto de la pandemia.

El Gobernador de Choapa, Juan Pablo Gálvez, justificó la medida ante actos violentos ocurrido el año pasado y que afectaron a dos empresas mineras importantes que operan en la zona, como son Tres Valle y Los Pelambres. Sin embargo, reconoció que la redacción del documento no fue la apropiada.

Sobre el cuestionamiento hecho a la medida por la doctora en Derecho Constitucional, Carolina Salas, el Gobernador Gálvez reconoció que la redacción de la resolución no fue la mejor.

“Yo creo que la redacción quizás pudo haber sido distinta, pero estos casos se analizan caso a caso, y como dije recién, no es una medida general… Yo tengo algún reparo en la resolución como se hizo, yo de verdad, ahí podría asumir una responsabilidad de que la redacción no fue de las mejores. Podría haber señalado no de carácter político si no que, algún tipo de manifestación que genera algún tipo de desmán o desorden público”, señaló la autoridad provincial de Choapa.