El reciente anuncio del ministro de Hacienda, Quiroz, sobre una nueva alza en las bencinas y el diésel ($370 por litro y $580 respectivamente) no solo golpea el bolsillo de los chilenos, sino que vuelve a poner en evidencia una lógica económica que, una vez más, parece cargar el costo sobre la clase media y los sectores más vulnerables.
Porque mientras se justifica este incremento con variables externas —como conflictos internacionales o el precio del petróleo—, en paralelo se impulsa una política de rebaja de impuestos a las grandes empresas bajo la promesa de generar empleo. Una promesa que, más allá del discurso, carece de respaldo sólido en la experiencia histórica. Modelos similares aplicados durante los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido no lograron demostrar de forma concluyente que reducir la carga tributaria a los más ricos se traduzca en beneficios directos para la mayoría de la población.
Aquí es donde surge la contradicción: mientras el Estado deja de percibir millonarios ingresos al aliviar la carga fiscal de los grandes grupos económicos, compensa ese vacío con medidas que terminan afectando directamente a la ciudadanía común. El alza de los combustibles es quizás la más transversal de todas, porque no solo impacta a quienes cargan bencina, sino que encarece toda la cadena productiva: transporte, alimentos, servicios básicos.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha intentado justificar este escenario apelando a factores externos, como la tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, ese argumento, aunque parcialmente válido, no explica por qué las medidas internas siguen profundizando la desigualdad en lugar de amortiguarla.
Más llamativa aún resulta la reacción del gremio de camioneros, históricamente combativo frente a este tipo de alzas. Hoy, en cambio, se observa una inusual calma, con declaraciones que apuntan a que serán los propios clientes —los proveedores de carga— quienes deberán absorber el impacto. En la práctica, esto se traduce en lo de siempre: el costo se traspasa en cadena hasta llegar al consumidor final.
Pero hay otro elemento que no puede pasar desapercibido y que aumenta la sensación de desconexión con la realidad que vive la mayoría de los chilenos. Según el Oficio Circular N°15 de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el gobierno decidió aumentar las remuneraciones de los asesores del Presidente, quienes pueden llegar a percibir hasta $9.963.058 mensuales. Una cifra que contrasta fuertemente con el discurso de campaña del propio José Antonio Kast, quien había anunciado públicamente que, de ser electo, reduciría su propio sueldo a la mitad.
Y ahí está el punto crítico. No serán las grandes empresas las más afectadas por este escenario. Tampoco quienes se benefician de rebajas tributarias. Serán las familias, los trabajadores, los jubilados con pensiones ya insuficientes, quienes verán cómo el precio de los alimentos y servicios sube de manera sostenida.
Se ha vuelto una constante: ante cada crisis, el ajuste se aplica hacia abajo. Y, como si fuera poco, se vuelve a instalar la excusa de culpar al gobierno anterior de Gabriel Boric, desviando la atención de decisiones presentes que tienen efectos concretos e inmediatos.
Lo cierto es que estamos frente a un alza histórica de los combustibles, en un contexto donde las decisiones económicas parecen desconectadas de la realidad cotidiana de la mayoría. La pregunta de fondo no es solo cuánto subirán los precios, sino quiénes están pagando realmente el costo de este modelo. Y la respuesta, una vez más, parece evidente.
