Un nuevo conflicto administrativo golpea al Hospital San Pedro de Los Vilos luego que la justicia acogiera un recurso de protección presentado por la funcionaria Ana Leonor Cisternas Madrid, ordenando dejar sin efecto las resoluciones que rebajaron su grado y modificaron sus funciones dentro del recinto asistencial.
El fallo concluyó que el hospital actuó de manera ilegal y arbitraria al remover a la trabajadora de su cargo de jefatura en la Unidad de Servicio de Orientación Médica y Estadística (SOME), además de terminar su contrato para posteriormente recontratarla en un escalafón inferior.
La situación se originó en marzo de 2026, cuando el establecimiento emitió las resoluciones exentas N°738 y N°771. A través de ellas, Ana Leonor Cisternas fue apartada de sus labores como subdirectora de Atención Abierta, función que desempeñaba desde 2023, pese a mantener la misma jornada laboral de 44 horas semanales.
Durante el proceso judicial, el Servicio de Salud Coquimbo defendió la actuación del hospital señalando que la dirección tenía facultades para reorganizar internamente el servicio. Sin embargo, el tribunal descartó esa argumentación, enfatizando que dichas atribuciones deben estar debidamente fundamentadas y ajustadas a derecho.
En la sentencia, los magistrados cuestionaron duramente la falta de explicación respecto a las razones que motivaron la salida de la funcionaria de su cargo directivo. El fallo calificó la justificación entregada por el hospital como “meramente superficial”, señalando que no existieron fundamentos claros para sostener que sus servicios dejaron de ser necesarios.
Asimismo, el tribunal sostuvo que tampoco hubo una explicación racional para justificar la rebaja en el grado remuneracional de la profesional, lo que vulneró principios establecidos en la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos.
La resolución judicial concluyó que la actuación del hospital afectó la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por lo que ordenó restituir a Ana Leonor Cisternas a su condición administrativa y contractual previa, dejando sin efecto las resoluciones impugnadas.
El fallo representa un duro revés para la administración del recinto hospitalario vileño y vuelve a poner bajo cuestionamiento la gestión interna y los criterios utilizados en decisiones vinculadas al personal de salud.
