A comienzos de esta semana, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe que expone a funcionarios públicos que realizaron viajes mientras se encontraban con licencia médica, lo que constituye una infracción a la normativa vigente. Aunque el listado inicial destacó a las 13 entidades con mayor cantidad de casos —lideradas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Fundación Integra y la Municipalidad de Arica—, el documento completo incluye a numerosos organismos y municipalidades a lo largo del país, entre ellos los cuatro municipios de la provincia del Choapa.
Según el informe, las cifras por comuna son las siguientes:
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Municipalidad de Illapel: 24 casos
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Municipalidad de Los Vilos: 23 casos
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Municipalidad de Salamanca: 19 casos
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Municipalidad de Canela: 4 casos
Estas cifras forman parte de un total nacional que involucra a instituciones como el Servicio Nacional de Protección a la Niñez, BancoEstado, Gendarmería de Chile, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros organismos públicos. Además, Contraloría anunció que prepara una segunda entrega que incluirá a funcionarios afiliados a los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas y de Orden, como Dipreca y Capredena.
Desde el ente fiscalizador reiteraron que esta revisión busca fortalecer la transparencia y el correcto uso de las licencias médicas en el sector público, en atención al principio de probidad administrativa.
A nivel local, se espera que los municipios involucrados entreguen declaraciones oficiales respecto a las medidas que adoptarán para abordar esta situación y evitar futuras irregularidades.
A nivel nacional, la reacción mas dura hasta ahora proviene del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien anunció mediante su cuenta de X que solicitó la desvinculación inmediata de 126 funcionarios de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna. Estos trabajadores, según la autoridad citando a Contraloría, viajaron al extranjero mientras usaban licencias médicas durante la administración anterior.
El informe también detectó que 43 trabajadores de la propia Contraloría incurrieron en la misma práctica. La institución fiscalizadora aparece en el puesto 179 del listado, junto a la Municipalidad de Cartagena. Los casos ya están bajo sumario interno, según confirmaron desde la CGR.
