Las municipalidades de Illapel y Salamanca emitieron duras declaraciones públicas tras conocerse un informe de la Contraloría General de la República que revela casos de funcionarios municipales que habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas entre los años 2023 y 2024.
En el caso de Illapel, el informe compartido por la Contraloría identificó a 21 funcionarios involucrados: 13 del área de educación, 7 del área de salud y 1 del área municipal. Según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), los viajes fueron realizados durante los periodos de reposo médico.
La Municipalidad de Illapel expresó un fuerte reproche hacia estas conductas, señalando que “afectan directamente la probidad y el buen funcionamiento del servicio público”, y anunció la instrucción inmediata de sumarios administrativos, así como visitas domiciliarias para verificar futuras licencias médicas. Además, se remitirá información a la COMPIN respecto de aquellos funcionarios que acumulen más de seis meses de licencias en los últimos dos años, conforme al artículo 148 de la Ley N° 18.883.
Por su parte, la Municipalidad de Salamanca informó que 19 licencias médicas fueron identificadas por la Contraloría en las que funcionarios municipales se habrían ausentado del país mientras estaban con licencia médica. Esta información fue también difundida por medios regionales.
Desde Salamanca, la administración comunal rechazó categóricamente estos actos, destacando que “vulneran la probidad administrativa, la ética pública y el correcto uso de los recursos públicos”. El municipio anunció que se instruirán sumarios para establecer responsabilidades, asegurando que no se tolerarán este tipo de hechos y que se adoptarán todas las sanciones correspondientes.
Ambas municipalidades coincidieron en la importancia de la transparencia, la legalidad y el compromiso con el correcto actuar de los funcionarios públicos, asegurando que tomarán medidas ejemplificadoras para resguardar la confianza de la ciudadanía.
En el caso de Canela, lo hizo el concejal Juan Ávalos, quien señaló que como autoridades fiscalizadoras “no vamos a escatimar en tomar y exigir las decisiones correctas. En esta administración estamos poniendo la transparencia como prioridad y este es un motivo más que evidencia lo complejo e insostenible en que hoy se encuentra nuestro municipio con una deuda de arrastre que superan los $450 Millones, sumando este tipo acciones como la guinda de la torta suman y siguen”. En este municipio la CGR detectó 4 casos.
Mas tarde, a través de un video, el alcalde de Los Vilos por su parte, Christian Gross, dijo sumarse a las medidas respectivas anunciadas por sus pares, señalando que corresponden a 17 funcionarios involucrados, 13 del área de Educación, 2 de Salud y 2 del área municipal, anunciando que conforme a los resultados de los sumarios se aplicarán las medidas correspondientes.
A nivel nacional, la reacción mas dura hasta ahora proviene del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien anunció mediante su cuenta de X que solicitó la desvinculación inmediata de 126 funcionarios de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna. Estos trabajadores, según la autoridad citando a Contraloría, viajaron al extranjero mientras usaban licencias médicas durante la administración anterior.
El informe también detectó que 43 trabajadores de la propia Contraloría incurrieron en la misma práctica. La institución fiscalizadora aparece en el puesto 179 del listado, junto a la Municipalidad de Cartagena. Los casos ya están bajo sumario interno, según confirmaron desde la CGR.
Estos hechos vuelven a poner en el centro del debate la fiscalización y control del uso de licencias médicas dentro del aparato público, y el rol que deben cumplir las instituciones para garantizar la probidad y el correcto uso de los recursos del Estado.
