Una querella criminal por presunta malversación de fondos públicos y otros eventuales delitos funcionarios presentó la Municipalidad de Salamanca ante el Tribunal de Garantía de Illapel, luego de que una auditoría externa forense y la revisión de informes de la Contraloría General de la República detectaran presuntas irregularidades ocurridas durante el período 2023-2024, por un monto superior a los $1.400 millones.
La acción judicial fue anunciada por el alcalde Carlos Lillo, quien estuvo acompañado por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez. Si bien el jefe comunal evitó mencionar nombres, la querella apunta a quienes resulten responsables de los hechos investigados, correspondientes a la administración municipal anterior, encabezada por el exalcalde Gerardo Rojas Escudero.
El alcalde explicó que la decisión responde al deber legal y ético de resguardar los recursos públicos.
“Esto no corresponde a motivos personales ni tampoco políticos. Es parte de las competencias, responsabilidades y obligaciones que tengo como alcalde de transparentar cada peso gastado por el municipio, que pertenece a todos los habitantes de Salamanca”, afirmó.
En tanto el abogado Manríquez, precisó que los antecedentes recopilados incluyen observaciones formuladas por la Contraloría y los resultados de una auditoría forense encargada por la actual administración, los que revelarían eventuales irregularidades en al menos tres áreas municipales: administración de personal, uso de recursos públicos y ejecución de programas.
El abogado señaló que será la Fiscalía la encargada de determinar si los hechos constituyen delitos como malversación de caudales públicos, fraude al Fisco u otras figuras contempladas en la legislación para funcionarios públicos.
Asimismo, indicó que la investigación podría involucrar no solo al exalcalde, sino también a otras personas que eventualmente hayan tenido participación en los hechos, precisando que corresponderá al Ministerio Público establecer responsabilidades, cuantificar el eventual perjuicio fiscal y evaluar medidas para recuperar los recursos.
Respecto del tiempo que podría extenderse la investigación, Manríquez sostuvo que este tipo de causas suelen quedar en manos de unidades especializadas anticorrupción y manifestó su confianza en que la Fiscalía de Illapel y la Fiscalía Regional desarrollen una investigación “profunda y rápida”.
Por su parte, Carlos Lillo recordó que antes de asumir el municipio comprometió la realización de una auditoría externa forense, compromiso que —aseguró— fue cumplido y cuyos resultados dieron origen a la querella.
El alcalde también afirmó que, durante los siete meses de su gestión, se ha realizado un ordenamiento financiero y aseguró que la administración actual ha implementado prácticas orientadas a fortalecer la transparencia y el correcto uso de los recursos municipales.
Finalmente, reiteró que la acción judicial no busca una confrontación política, sino que pretende que sea la justicia la que esclarezca los hechos y determine si existieron responsabilidades penales o administrativas en el manejo de los fondos públicos durante el período investigado.
