Un contundente golpe al narcotráfico concretó la Policía de Investigaciones (PDI) en la provincia de Limarí, luego de una serie de operativos que permitieron desarticular importantes cultivos ilegales de cannabis en la comuna de Punitaqui, en el marco del denominado Plan Cannabis 2026.
La intervención, liderada por la Brigada Antinarcóticos de La Serena en coordinación con el Ministerio Público de Ovalle, se desarrolló en sectores rurales de difícil acceso como El Durazno de Quiles, Mantos de Hornillos, Parral de Quiles y San Pedro de Quiles, donde se mantenían extensos cultivos clandestinos.
Como resultado del despliegue policial, se logró la erradicación de 6.700 plantas vivas de cannabis, algunas de ellas con alturas que alcanzaban los dos metros, además de la incautación de más de 460 kilos de droga procesada, lista para su comercialización. Todo el material fue retirado y destruido por la PDI.
El jefe de la Región Policial de Coquimbo, el prefecto inspector Javier González Rojas, destacó que este procedimiento representa un impacto directo en la seguridad pública, debido a la relación del narcotráfico con otros delitos asociados.
Desde el Gobierno, el delegado presidencial regional Víctor Pino Fuentes valoró el operativo, señalando que las incautaciones generan un perjuicio económico cercano a los $14 mil millones para las organizaciones criminales, debilitando su capacidad operativa.
En tanto, el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez del Pino, explicó que estos cultivos forman parte de una cadena delictual más amplia, que incluye financistas, cuidadores y redes logísticas, por lo que las diligencias continuarán para identificar y detener a los responsables.
El operativo contó además con apoyo estratégico de la Brigada Aeropolicial de la PDI, que mediante el uso de un helicóptero institucional facilitó la localización de los cultivos, el traslado de personal y la extracción de la droga incautada.
Este procedimiento se enmarca en el Programa de Combate al Cultivo Ilícito, Plan Cannabis, iniciativa que cumple 25 años de funcionamiento y que busca intervenir zonas rurales utilizadas por organizaciones criminales para la producción de droga, reforzando la seguridad tanto a nivel regional como nacional.
