El fiscal nacional ordenó la remoción del fiscal Patricio Cooper, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta cuestionara diligencias clave en la causa.
Un giro inesperado sufrió el caso Procultura, una investigación que indaga un presunto fraude al fisco por más de $6.000 millones. El fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la causa, luego de que un fallo judicial pusiera en entredicho la legalidad de parte de las diligencias realizadas.
La decisión se adoptó tras conocerse que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fundador de la cuestionada Fundación Procultura. El tribunal acogió un recurso de amparo presentado por Huneeus y ordenó eliminar de la carpeta investigativa toda la información obtenida a partir de esas interceptaciones, calificadas como “medidas intrusivas” sin sustento legal suficiente.
Como consecuencia, la causa fue reasignada a la Fiscalía Regional de Antofagasta, bajo el argumento de que los hechos investigados tienen relación con esa jurisdicción.
En un comunicado, el Ministerio Público informó que además se solicitó al fiscal Cooper un informe detallado respecto de los puntos observados por la Corte. “Nuestro compromiso es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal”, afirmó la institución.
Revés para fiscal Cooper
El tribunal dio la razón a la defensa al concluir que la interceptación telefónica fue gestionada y autorizada sin respetar los requisitos legales y constitucionales vigentes. Según el fallo, las resoluciones judiciales que autorizaron y luego prorrogaron dicha medida —fechadas el 16 de octubre y el 6 de diciembre de 2024, así como el 10 de febrero de 2025— no estuvieron debidamente fundamentadas, lo que implicó una vulneración a los derechos fundamentales de la persona afectada.
Entre las comunicaciones interceptadas de manera ilícita se encontraban conversaciones privadas con su madre, amigas, e incluso un diálogo con el Presidente de la República, Gabriel Boric. Este último hecho fue considerado especialmente grave por el tribunal. De hecho, posteriormente la Fiscalía intentó obtener autorización para interceptar el teléfono del mandatario, pero la solicitud fue rechazada por el tribunal de garantía por falta de antecedentes que la justificaran.
El caso Procultura ha acaparado atención nacional por la magnitud de los fondos involucrados y por las figuras cercanas a la Fundación. Con esta reestructuración en el equipo persecutor, se abre un nuevo capítulo en la indagatoria, en medio de cuestionamientos a la legalidad de algunas de sus principales pruebas.
