Una fuerte controversia se instaló en el ámbito político luego de que el Gobierno encabezado por José Antonio Kast propusiera un recorte de $72.669 millones al presupuesto del Ministerio de Seguridad, una medida que impacta directamente a las policías y a las estrategias de combate al delito.
La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde se detalló que una parte significativa de la disminución apunta a gastos de personal, con casi $26 mil millones menos destinados a las instituciones policiales. Esta reducción afectará principalmente a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, generando inquietud respecto a su capacidad operativa.
En el caso de Carabineros de Chile, el ajuste contempla $11 mil millones menos en personal y cerca de $4.700 millones en operaciones. Esto podría traducirse en dificultades para el mantenimiento de cuarteles, vehículos policiales y despliegue territorial, en un contexto donde la seguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
A ello se suma un recorte aún más significativo: $33 mil millones menos para el Plan Contra el Crimen Organizado, eje clave en la estrategia gubernamental para enfrentar bandas delictuales. Esta reducción implicará retrasos en la renovación de vehículos policiales, así como una baja en inversión y recursos destinados al Hospital de Carabineros.
El ajuste presupuestario ha generado críticas desde distintos sectores, quienes advierten una contradicción con el discurso de campaña del mandatario, centrado precisamente en el fortalecimiento de la seguridad y el combate frontal a la delincuencia y el crimen organizado.
Mientras el Ejecutivo defiende la medida como parte de un reordenamiento fiscal, el debate se instala en torno a si estos recortes debilitan —o no— la capacidad del Estado para enfrentar uno de los problemas más urgentes para la ciudadanía.
