Las y los parlamentarios votaron los cuatro capítulos del libelo, manifestando su rechazo mayoritario. En la argumentación, se expresaron diferencias en cuanto a la responsabilidad del economista en el manejo de las finanzas públicas.
La Sala del Senado desestimó este martes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego de que ninguno de los cuatro capítulos del libelo alcanzara los votos necesarios para prosperar. Con ello, el exsecretario de Estado evitó la sanción que contemplaba una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos.
Durante una sesión especial, las y los senadores votaron de manera separada cada uno de los capítulos de la acusación impulsada por un grupo de diputados. En todos los casos predominó el rechazo: el primer capítulo obtuvo 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones; el segundo, 9 respaldos frente a 32 rechazos y 2 abstenciones; el tercero sumó 16 votos favorables, 26 en contra y 3 abstenciones; mientras que el cuarto registró 10 apoyos, 33 rechazos y 2 abstenciones.
En la discusión participaron parlamentarios de distintos sectores políticos, quienes coincidieron mayoritariamente en que, si bien podía existir un debate respecto de la gestión económica y de las proyecciones fiscales realizadas durante la administración de Grau, aquello no constituía una infracción a la Constitución que justificara una acusación constitucional.
Uno de los argumentos más repetidos fue que las diferencias sobre estimaciones económicas o decisiones de política pública corresponden al ámbito del debate político y técnico, pero no configuran por sí solas una responsabilidad constitucional. Varios senadores advirtieron además que utilizar este mecanismo para sancionar discrepancias de gestión podría sentar un precedente riesgoso para futuras administraciones.
Durante la sesión también se registraron tres inhabilitaciones. Los senadores Vlado Mirosevic y Luciano Cruz-Coke optaron por no participar de la votación, mientras que la senadora Claudia Pascual se inhabilitó debido a su vínculo familiar con el exministro.
Si bien algunos legisladores defendieron la acusación argumentando que existieron falencias en la conducción de las finanzas públicas y en la elaboración de las proyecciones presupuestarias, esa postura no logró reunir el respaldo suficiente en la Cámara Alta.
Con esta resolución, el Senado puso fin al proceso constitucional contra Nicolás Grau, reafirmando que este tipo de herramientas deben reservarse para casos en que existan infracciones claras a la Constitución y a las leyes, y no únicamente cuestionamientos sobre la gestión política o económica de una autoridad.
