El senador por la región de Coquimbo, Daniel Núñez Arancibia (PC), cuestionó duramente el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y los senadores Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI), que contempla utilizar la venta de inmuebles fiscales como parte del mecanismo para compensar a los municipios afectados por el último temporal en las regiones de Coquimbo y Atacama.
Durante su intervención en la Sala del Senado, Núñez calificó la medida como un “chantaje inmoral”, acusando que se está condicionando la entrega de recursos extraordinarios para la reconstrucción a la enajenación de patrimonio del Estado.
“Se ocupa la reconstrucción de la región de Coquimbo y la región de Atacama como excusa para privatizar bienes del Estado”, sostuvo el legislador comunista, agregando que el Ministerio de Hacienda estaría planteando que los fondos para enfrentar la emergencia provengan de la venta de propiedades fiscales.
El parlamentario manifestó su preocupación por el alcance del acuerdo, señalando que podrían ponerse en venta inmuebles actualmente utilizados por organizaciones sociales mediante comodatos, además de terrenos fiscales que, según indicó, podrían estar destinados a futuros proyectos habitacionales.
En ese contexto, emplazó directamente a los senadores Walker y Gahona para que aclaren qué bienes podrían ser considerados “prescindibles” por el Ejecutivo y si ello incluiría terrenos administrados por el Serviu en la parte alta de Coquimbo.
Asimismo, Núñez cuestionó la conformación de la mesa técnica que definirá las obras y montos para la reconstrucción, advirtiendo que no aceptará que se excluya de esa instancia a alcaldes o parlamentarios de oposición.
“Los recursos del Estado no son propiedad de un gobierno ni de un sector político; son propiedad de la nación”, afirmó, asegurando que reclamará su participación en el proceso para garantizar la transparencia en la definición del destino de los recursos destinados a la reconstrucción.
Las declaraciones del senador se producen en medio del debate por el mecanismo de financiamiento acordado entre el Ejecutivo y parte de la oposición para compensar a los municipios afectados por el sistema frontal que impactó a las regiones de Coquimbo y Atacama, iniciativa que ha generado críticas desde distintos sectores políticos debido al uso de la venta de activos fiscales como fuente de financiamiento.
