La autoridad aseguró que la activación de la asistencia depende, en parte, de los informes ALFA que deben presentar los municipios. Hasta ahora, según indicó, solo Vicuña había remitido estos antecedentes a Senapred, en medio de los cuestionamientos por las diferencias de tiempo en la respuesta estatal frente a la emergencia en Las Condes y la Región de Coquimbo.
La respuesta del Gobierno frente a las consecuencias de los sistemas frontales que han afectado a la Región de Coquimbo volvió a instalar el debate sobre la oportunidad de las decisiones, la distribución de los recursos y la capacidad de reacción de las autoridades ante emergencias que golpean a las comunidades.
En ese escenario, el seremi de Gobierno, Darwin Cortés, abordó los cuestionamientos por la demora en la adopción de medidas para enfrentar los daños provocados por las precipitaciones, que han dejado caminos deteriorados, badenes destruidos, crecidas de caudales e inundaciones, generando preocupación entre vecinos y autoridades municipales.
Uno de los puntos más sensibles es la comparación con lo ocurrido en Las Condes, donde el Gobierno declaró zona afectada por catástrofe en menos de tres horas, mientras que en la Región de Coquimbo transcurrieron seis días antes de que se adoptara una medida de carácter extraordinario.
La diferencia en los tiempos de respuesta ha alimentado las críticas sobre un eventual trato desigual entre territorios, particularmente en una región que todavía enfrenta las consecuencias de temporales anteriores y que nuevamente debe responder a daños en su infraestructura y conectividad.
Los informes municipales, en el centro de la respuesta
Frente a las interrogantes sobre la entrega de ayuda, Cortés sostuvo que la activación de los mecanismos de asistencia considera los antecedentes oficiales que deben proporcionar los municipios a través de los informes ALFA, instrumentos utilizados para reportar afectaciones y necesidades derivadas de una emergencia.
En un mensaje directo, el seremi señaló: “Información oficial y Senapred actúa rápido cuando se hace el conducto regular a través de los Alfa”. La autoridad precisó que, hasta el momento de sus declaraciones, solo el municipio de Vicuña había hecho llegar este tipo de antecedentes a Senapred.
Esta información abre un flanco de discusión respecto del papel que les corresponde a los gobiernos comunales en la activación de la ayuda y de la coordinación entre los distintos niveles del Estado. Mientras las familias esperan soluciones frente a los daños ocasionados por las lluvias, la presentación de antecedentes administrativos se convierte en un factor relevante para determinar las necesidades y gestionar los recursos.
Sin embargo, la explicación también plantea una interrogante política: ¿cómo se garantiza una respuesta oportuna cuando existen comunas con afectaciones importantes y los informes requeridos todavía no han sido remitidos?
Cortés responde a la comparación con Las Condes
El seremi también se refirió expresamente a las críticas por la diferencia en los tiempos de reacción del Ejecutivo encabezado por el presidente José Antonio Kast.
“Las familias de la Región de Coquimbo merecen la misma preocupación y urgencia”, afirmó Cortés, reconociendo la legitimidad de la inquietud que existe en la zona.
No obstante, la autoridad defendió que ambas situaciones fueron abordadas mediante instrumentos diferentes. Según explicó, en Las Condes se declaró zona afectada por catástrofe, una medida que permite facilitar la liberación de recursos, mientras que en Coquimbo se decretó un estado de excepción constitucional.
“En la Región de Coquimbo se decretó un estado de excepción constitucional, que es otra cosa: implica poner a las Fuerzas Armadas a cargo, armar un puesto de mando y evaluar en terreno una emergencia que se extendía por muchas comunas y zonas aisladas”, explicó.
El seremi agregó que la respuesta estatal había comenzado antes de esa declaración, a través de mecanismos de emergencia preventiva.
La explicación busca establecer una diferencia técnica entre ambas decisiones, aunque no elimina el debate político sobre los plazos ni la percepción de urgencia que existe entre las comunidades afectadas. La comparación sigue siendo un punto de presión para el Ejecutivo, especialmente cuando las consecuencias de los temporales se acumulan y las municipalidades advierten limitaciones presupuestarias para enfrentar la recuperación.
Fondo de Reconstrucción Norte y recursos pendientes
Cortés también entregó antecedentes sobre las medidas que prepara el Gobierno para responder a los daños ocasionados por las precipitaciones anteriores y avanzar hacia una reconstrucción de mayor alcance.
“Entendemos la preocupación de las familias y de los alcaldes. Cuando una comuna todavía está recuperándose del temporal y enfrenta nuevas dificultades, necesita ayuda y certezas sobre los recursos. Los municipios han hecho un esfuerzo importante y sabemos que sus presupuestos tienen límites”, señaló.
En esa línea, informó que se constituyó una mesa para la reconstrucción y que el Ejecutivo incorporó un Fondo de Reconstrucción Norte para las regiones de Coquimbo y Atacama en el proyecto de Presupuesto 2027, iniciativa que se encuentra en discusión en el Congreso.
El seremi vinculó estos avances con el compromiso asumido por el Ministerio de Hacienda con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona, en medio de las gestiones para conseguir financiamiento destinado a la recuperación de las zonas afectadas.
Respecto de las ayudas ya desplegadas, indicó que, al tercer proceso de pago del Bono de Recuperación informado en septiembre, se contabilizaban más de 23.500 hogares beneficiarios y más de $18 mil millones destinados a ese apoyo.
Asimismo, recordó que en agosto se había informado una respuesta superior a los $30 mil millones, considerando distintas ayudas y el despliegue de maquinaria. Cortés aclaró que se trata de cifras correspondientes a momentos distintos, por lo que no deben sumarse como si fueran montos independientes.
Entre las acciones ejecutadas mencionó trabajos para recuperar caminos y la capacidad del río Elqui, además de apoyos de la Comisión Nacional de Riego para rehabilitar canales. También destacó las coordinaciones de la Delegación Presidencial con los municipios para identificar las prioridades de reconstrucción, incluyendo a Canela, Illapel, Los Vilos y Salamanca, en la provincia del Choapa.
Catastro de daños y reconstrucción
Otro de los antecedentes entregados por la autoridad corresponde al trabajo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), iniciado en septiembre para dimensionar los daños en las tres provincias de la región y respaldar las decisiones de inversión.
De acuerdo con Cortés, el catastro permitirá establecer prioridades y preparar los proyectos necesarios para la reconstrucción. La expectativa expresada por el seremi es contar con esa información hacia fines de octubre.
El desafío será transformar ese diagnóstico en iniciativas concretas, financiamiento disponible y obras que permitan recuperar caminos, infraestructura pública y servicios afectados por las precipitaciones.
La presión política sobre el Ejecutivo
Las declaraciones de Darwin Cortés se producen en un momento en que el Gobierno enfrenta el desafío de demostrar capacidad de respuesta ante una emergencia que no solo afecta a una comuna, sino a distintos territorios de la Región de Coquimbo.
El propio seremi reconoció la preocupación de las familias y las limitaciones financieras de los municipios, al tiempo que defendió los procedimientos administrativos y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
La discusión, sin embargo, no se agota en la existencia de instrumentos legales ni en la presentación de informes. Para las comunidades afectadas, la principal preocupación sigue siendo cuándo llegarán las soluciones, qué recursos estarán efectivamente disponibles y cuánto demorará la recuperación de la conectividad y de la infraestructura dañada.
En ese contexto, la explicación oficial sobre los informes ALFA pone parte de la atención en la gestión municipal, mientras que la comparación con Las Condes mantiene bajo escrutinio la oportunidad de las decisiones del Gobierno central.
El desafío para las autoridades será acreditar que la coordinación institucional se traduce en respuestas concretas y oportunas, especialmente en las comunas rurales y sectores aislados, donde cada nuevo sistema frontal puede agravar daños que aún no han sido reparados.
