Una grave sanción fue aplicada por la Superintendencia de Educación a la Municipalidad de Los Vilos, representada por el alcalde Christian Gross Hidalgo, tras detectarse serias irregularidades en la gestión del Liceo Municipal Nicolás Federico Lohse Vargas, situación que se arrastra desde el grave incidente ocurrido en abril de 2024, cuando una explosión en el centro gastronómico del establecimiento dejó con graves quemaduras a la docente Marcela Cortés.
La resolución sancionatoria —firmada por el director regional de la Superintendencia de Educación, Fernando Sermeño Vera, con fecha 18 de noviembre de 2024— establece una inhabilitación temporal por 120 meses (10 años) para ejercer la calidad de sostenedor. La medida recae directamente sobre el municipio y su representante legal, el alcalde Christian Gross, y fue adoptada luego de un proceso administrativo instruido por la Resolución Exenta N° 2024/PA/04/327, en base al artículo 73 letra d) de la Ley N° 20.529.
De acuerdo al documento, al momento de la instrucción del proceso no existía un titular en el cargo de director del DAEM local, lo que también fue considerado en la sanción.
Concejo Municipal denuncia falta de información
Esta información fue completamente desconocida por los concejales hasta la sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada este martes, donde manifestaron su molestia al alcalde Gross. Los ediles Carla Acevedo, Fabián Carvajal, Berta Martínez y Roberto Urrutia fueron enfáticos en criticar la falta de transparencia del jefe comunal, asegurando que no tuvieron conocimiento del oficio enviado el 18 de noviembre de 2024 y el 18 de junio respecto al informe del Daem Sobre la Estructura del Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas, donde se destaca que no contaban con los protocolos.
“Hoy día pedimos respuestas para que no se sigan ocultando más informaciones en un contexto de transparencia”, señalaron los concejales durante la sesión, exigiendo claridad ante la gravedad de los hechos.
En tanto, el alcalde Christian Gross afirmó durante la sesión que el municipio se encuentra en proceso de apelación de la medida dictada por la Superintendencia.
La situación ha generado un fuerte impacto público, considerando que la sanción afecta directamente la capacidad del municipio para administrar establecimientos educacionales, mientras persiste el cuestionamiento por la responsabilidad institucional en el accidente que afectó a la profesora Marcela Cortés.
