El debate tributario ha vuelto a instalarse con fuerza en Chile, y no es una discusión menor. En momentos en que el país busca recuperar dinamismo económico, atraer inversión y fortalecer las finanzas públicas, surge una pregunta que divide a economistas, empresarios y autoridades: ¿es más conveniente reducir el impuesto a las empresas para estimular el crecimiento o concentrar los esfuerzos en perseguir con mayor firmeza la evasión tributaria?
La discusión se produce en un contexto especialmente sensible. El Servicio de Impuestos Internos ha estimado que entre 2018 y 2021 el Estado dejó de recaudar alrededor de $27,8 billones debido al incumplimiento en el pago del impuesto a las ganancias empresariales, una cifra que refleja el enorme costo que tiene la evasión para las arcas fiscales. Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa una rebaja gradual del impuesto corporativo desde el 27% al 23%, argumentando que una menor carga tributaria permitirá mejorar la competitividad de Chile y atraer nuevas inversiones.
Ambas posturas poseen fundamentos atendibles. Quienes apoyan la rebaja tributaria sostienen que Chile perdió competitividad durante la última década frente a otras economías que ofrecen condiciones más atractivas para la inversión. Menores impuestos podrían traducirse en mayor crecimiento, creación de empleos y expansión de la actividad económica, especialmente en un escenario donde el país aún enfrenta desafíos en materia de productividad y generación de empleo.
Sin embargo, el argumento contrario también resulta difícil de ignorar. Si el Estado deja de percibir miles de millones de dólares por evasión y elusión, resulta legítimo preguntarse si corresponde disminuir aún más la carga tributaria antes de cerrar esas brechas. En otras palabras, antes de discutir cuánto deben pagar quienes cumplen, parece razonable asegurar que todos paguen lo que la ley establece.
La evasión tributaria no solo reduce la capacidad del Estado para financiar salud, educación, seguridad e infraestructura. También genera una profunda sensación de injusticia. Mientras millones de trabajadores y pequeñas empresas cumplen rigurosamente con sus obligaciones, existen grandes contribuyentes que encuentran mecanismos para reducir o evitar el pago de impuestos. Esa desigualdad erosiona la confianza en las instituciones y debilita la legitimidad del sistema tributario.
El propio Servicio de Impuestos Internos ha fortalecido durante los últimos años sus mecanismos de fiscalización mediante el uso de herramientas tecnológicas, análisis masivo de datos y un mayor intercambio de información financiera, logrando importantes avances en la detección de fraude y facturación falsa. Es un camino que debe continuar profundizándose, porque una administración tributaria moderna no solo recauda más: también fortalece la confianza de los contribuyentes que sí cumplen.
La experiencia internacional demuestra que crecimiento económico y responsabilidad fiscal no son objetivos incompatibles. Un sistema tributario competitivo puede coexistir con una fiscalización eficiente, siempre que exista voluntad política para perseguir la evasión sin excepciones y entregar certezas a quienes invierten de buena fe.
El verdadero desafío para Chile no consiste únicamente en decidir si el impuesto corporativo debe ser de 27% o de 23%. La discusión de fondo pasa por construir un sistema tributario que incentive la inversión, promueva el crecimiento y, al mismo tiempo, garantice que todos contribuyan de manera equitativa al desarrollo del país.
Porque al final, más importante que cuánto se cobra es asegurar que nadie quede al margen de cumplir con su obligación. Solo así será posible financiar un Estado sostenible sin castigar a quienes siempre han pagado lo que corresponde.
