En el Juzgado de Los Vilos, Ricardo Hernán Rojas Rojo, chileno, casado y actualmente cesante, presentó una demanda contra la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, representada por su alcalde Christian Gross Hidalgo. En el caso, Rojas buscó el reconocimiento de una relación laboral, la declaración de despido injustificado, nulidad del despido, indemnización por daño moral y el cobro de prestaciones adeudadas. La resolución favorable al demandado condena a la Municipalidad al pago del orden de los 6,5 millones de pesos.
Según la demanda, Rojas comenzó a prestar servicios como guardia de seguridad pública para el municipio el 1 de octubre de 2020, bajo un contrato de prestación de servicios a honorarios. Sin embargo, sostiene que las condiciones laborales reales se asemejaban a una relación de subordinación y dependencia, incluyendo el cumplimiento de horarios, el uso de uniforme municipal, la recepción de aguinaldos y el registro en libros de asistencia.
Además, el demandante argumenta que firmó contratos trimestrales que extendían continuamente la relación laboral. A pesar de esto, asegura que la vinculación laboral se había convertido en indefinida, un punto clave en su demanda.
Rojas percibía una remuneración mensual de $686.793, pero acusa al municipio de no declarar ni pagar sus cotizaciones previsionales. El 30 de julio de 2024, fue despedido verbalmente sin cumplir con las formalidades legales ni justificar la medida, según se indica en el documento judicial.
El demandante solicita que se reconozca la relación laboral entre las partes y que se declare improcedente el despido. Asimismo, busca el pago de prestaciones pendientes, la compensación por el daño moral sufrido y la nulidad del despido debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones previsionales por parte del municipio.
Finalmente, el Tribunal Laboral de Los Vilos acogió parcialmente la demanda interpuesta por Rojas, confirmando que existió una relación laboral con la Municipalidad entre el 01 de octubre de 2020 y el 31 de julio de 2024, con continuidad laboral reconociendo el despido injustificado, condenando al municipio al pago de alrededor de 6,5 millones de pesos por diversos conceptos, como indemnización por años de servicios, incremento legal del 50% de la indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva del aviso previo, entre otros agravantes.
Este caso pone en el centro del debate el uso de contratos a honorarios en contextos donde se cumplen condiciones laborales que podrían configurar una relación contractual protegida por el Código del Trabajo. La resolución del tribunal podría sentar un precedente importante para situaciones similares en el ámbito municipal.
