Los militares participan de operativos conjuntos con la Policía para restablecer el orden ante la conflictividad presente en ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave el contenido de esa norma.
El gobierno de transición de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, aprobó el 15 de noviembre un decreto que autoriza la erogación de 34,7 millones de bolivianos para “equipamiento” de las Fuerzas Armadas, haciendo notar, entre aspectos de los considerandos, que la institución armada tiene “la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden público”.
Entre los considerandos que justifican la norma están que la Ley “Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, señala que para el cumplimiento de su misión, las Fuerzas Armadas tienen, entre otras, la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden púbico, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado”.
Otro refiere: “Que el Artículo 5 de la Ley Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, dispone que las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados”.
Un día antes del 14, fue aprobado el decreto que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos para restablecer el orden en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se dan protesta en apoyo a Evo Morales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave el contenido de esa norma.
Mientras que el Gobierno lo defendió. El ministro de Defensa, Fernando López, cuestionó al organismo internacional por criticar la norma sin tomar el contexto y situación que se vive en Bolivia con actuación de grupos armados.