Un complejo conflicto administrativo, judicial y técnico mantiene enfrentados a la empresa CITSA Consultores Ltda. y a la Municipalidad de Los Vilos, luego que los representantes de la consultora ingresaran antecedentes solicitando sumarios administrativos contra funcionarios municipales, acusando presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto sanitario en la localidad de Caimanes.
De acuerdo con los antecedentes incorporados en el recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de La Serena, la controversia se originó durante la ejecución del proyecto “Normalización Soluciones Sanitarias y de Urbanización Caimanes”, adjudicado a CITSA Consultores Ltda. mediante decreto alcaldicio de julio de 2024.
Los recurrentes, Carlos Rodrigo Sanhueza Mejías y Carlos Javier Sanhueza Cruzat, sostienen que mientras ejercían labores de asesoría técnica e inspección detectaron múltiples fallas técnicas y administrativas en la obra, entre ellas supuestas deficiencias en hormigones, excavaciones fuera de norma, problemas estructurales y modificaciones de planos sin respaldo formal.
Según el escrito judicial, el 11 de agosto de 2025 ingresaron una solicitud formal de sumario administrativo contra el director de Obras Municipales Rodrigo Hayden Muñoz y el inspector técnico Omar Santibáñez Liberona. Posteriormente, el 18 de agosto presentaron un recurso de reposición donde refutaron el término anticipado del contrato y añadieron acusaciones de presunto cohecho, abuso de poder y hostigamiento laboral.
En el documento se afirma que Santibáñez habría mantenido vínculos impropios con la empresa contratista, mientras que también se cuestiona el actuar del abogado municipal Dantón Bravo Retamal, a quien acusan de haber presionado a la consultora para abandonar voluntariamente la obra.
Los recurrentes incluso acompañaron un audio de una reunión sostenida en julio de 2025, el cual fue incorporado como evidencia en la causa judicial que actualmente se tramita bajo el Rol 796-2026.
El conflicto escaló luego que la Municipalidad decretara el término anticipado del contrato mediante el Decreto Alcaldicio N.º 1385 de 2025, decisión que posteriormente fue cuestionada por la Contraloría General de la República.
En el Oficio N.º 52.474 de marzo de 2026, la Contraloría Regional de Coquimbo concluyó que el municipio no habría respetado el debido proceso antes de poner término al contrato ni ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, señalando que no existió un traslado previo al proveedor para presentar descargos.
Por ello, el organismo contralor ordenó iniciar un procedimiento de invalidación del decreto que puso término anticipado al contrato y del cobro de la caución asociada.
Además, en el recurso de protección se sostiene que la empresa habría permanecido por meses sin recibir pagos correspondientes a estados de avance, situación que —afirman— provocó un severo deterioro económico y afectaciones familiares.
Los recurrentes también denunciaron haber sido víctimas de “ley del hielo”, exclusión de reuniones técnicas, falta de respuestas institucionales y represalias tras denunciar irregularidades ante Contraloría.
Actualmente, la acción judicial continúa en tramitación en la Corte de Apelaciones de La Serena, mientras la Contraloría mantiene procesos de revisión sobre la legalidad de las actuaciones administrativas vinculadas al proyecto sanitario de Caimanes.
