En la firma oficial de la norma, el Presidente Gabriel Boric reconoció al diputado Daniel Manouchehri por el proyecto. “Esta ley permite combatir a la delincuencia de forma concreta. Estamos contentos por la promulgación de nuestra iniciativa, pero no nos vamos a detener en nuestra lucha en contra de la delincuencia”, señaló el legislador de la Región de Coquimbo.
En una ceremonia realizada en la 44° Comisaría de Lo Prado, el Presidente Gabriel Boric firmó la promulgación de la ley que establece el deber de las policías a efectuar registros audiovisuales en sus procedimientos penales. La iniciativa fue presentada por la Bancada de Diputadas y Diputados del Partido Socialista, contando con el apoyo de todos los sectores políticos, siendo despachada al Ejecutivo en septiembre de este año.
Su autor, el diputado Daniel Manouchehri, destacó la puesta en marcha de esta ley. “A la delincuencia se le combate con cosas concretas. Esta es una ley que va a permitir tres cosas fundamentales: Primero, la gente va a tener el resguardo ante los abusos policiales. Segundo, las policías van a tener un resguardo ante los delincuentes que intentan hacer montajes para inculparlos falsamente. Y tercero, vamos a tener la prueba, tan importante para poder mandar a la cárcel a los delincuentes”, indicó.
En esa línea, el legislador por la Región de Coquimbo agregó que “este proyecto lo sacamos con unanimidad en la Cámara de Diputados, demostrando que cuando los políticos nos unimos podemos hacer cosas buenas por la gente. Estamos contentos y satisfechos de lo que ha sucedido, pero no nos vamos a detener en nuestra lucha en contra de la delincuencia”.
Asimismo, la diputada Daniella Cicardini, coautora de la iniciativa, recalcó que la presentación de esta iniciativa “es parte de lo que hemos comprometido como diputados y diputadas socialistas en la agenda de seguridad. Hemos dado un nuevo paso en la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que agradecemos al Gobierno por patrocinar nuestro proyecto de ley”.
“Este es un proyecto que le hemos denominado ‘las tres V’: Un proyecto que da garantía a las víctimas, garantía a nuestros valientes policías, pero también garantías para la verdad judicial. Esto es importante, primero, porque protegemos a la gente ante los abusos, pero también da garantías a los funcionarios de no ser culpados falsamente. Además, permitirá registros que ahora sí podrán ser usados para que los delincuentes no queden en libertad por falta de pruebas”, detalló la legisladora por la Región de Atacama.
En suma, son autores de la iniciativa los legisladores socialistas Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Leonardo Soto, Ana María Bravo, Daniel Melo, Danisa Astudillo, Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Tomás De Rementería y Nelson Venegas.
Implicancias de la ley sobre cámaras corporales de policías
La ley recientemente promulgada detalla que, como regla general, los funcionarios policiales (Carabineros y PDI) deberán grabar sus actuaciones en lugares públicos, de libre acceso al público y en lugares cerrados cuando realicen detenciones en flagrancia y registros con o sin autorización judicial.
Asimismo, las unidades de Carabineros de Chile y PDI que tengan esta obligación, serán determinadas por el Presidente de la República. La normativa contempla ir aumentando gradualmente las unidades que deberán portar obligatoriamente este tipo de elementos. En el caso de las Fuerzas Especiales de Carabineros, deberán siempre portar las cámaras en sus uniformes.
También establece como obligatoria la entrega del material registrado al Ministerio Público para su uso como prueba en procesos penales; el deber de destruir los antecedentes que sean obtenidos en lugares no permitidos por la norma, o bien, si estas no resultaren útiles para la investigación de acuerdo a lo establecido por el Ministerio Público, una vez transcurridos dos años desde el registro.
Desde ahora, habrá sanción para los funcionarios que modifiquen, oculten, eliminen o alteren de cualquier forma los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual, castigándose con suspensión del empleo en su grado máximo (suspensión de 2 años y un día a 3 años) y multa de 15 a 20 UTM.
De acuerdo a la información oficial, para el año 2024 se contempla el arriendo anual de 4.433 dispositivos para funcionarios de Carabineros de Chile y PDI. El gasto anual en régimen del proyecto será de $7.407.543.000, distribuidos en ambas instituciones.
Para personal del COP (Orden Público), OS7 (Investigación Drogas) y OS9 (Investigación Organizaciones Criminales), en el caso de Carabineros. Y respecto a la Policía de Investigaciones, la entrega inicial del equipo audiovisual será para las Brigadas Robo, Brigadas Investigación Criminal, Brigadas Antinarcóticos, Crimen Organizado, Reacción Táctica e Investigaciones Criminales.
