La publicación del Informe Final N°51 de 2026 de la Contraloría General de la República ha instalado un debate de alta relevancia pública sobre el estado de la fiscalización del agua potable en Chile .
El documento, que auditó el actuar de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) entre 2024 y 2025, identifica brechas significativas en los procesos de control, incluyendo ausencia de fiscalizaciones en terreno en determinados periodos, falta de lineamientos claros para la supervisión, retrasos en la evaluación de datos y debilidades en la respuesta frente a incumplimientos detectados.
Asimismo, el informe advierte limitaciones en la derivación de antecedentes a otros organismos del Estado y deficiencias en la gestión de reclamos ciudadanos, lo que compromete la oportunidad y eficacia de la acción pública en un ámbito crítico para la salud y la calidad de vida de las comunidades.
Desde los territorios y organizaciones socioambientales, estos hallazgos han sido interpretados como una señal de alerta respecto de la necesidad de fortalecer la institucionalidad y asegurar estándares adecuados de fiscalización.
Solicitud de renuncia
A la luz de los antecedentes contenidos en el Informe Final N°51 de 2026 de la Contraloría General de la República, la Fundación Protege Los Molles solicitan la renuncia
inmediata del Superintendente de Servicios Sanitarios y de todas sus direcciones regionales, “en virtud de la responsabilidad institucional frente a las graves deficiencias detectadas en los procesos de fiscalización de la calidad del agua potable”, señalan.
Las falencias evidenciadas —entre ellas la ausencia de fiscalizaciones en terreno, la falta de lineamientos técnicos, retrasos en la evaluación de datos y la inacción frente a incumplimientos— “no sólo reflejan debilidades administrativas, sino que configuran un escenario de riesgo para la salud pública y una vulneración directa al derecho humano al
agua. La magnitud y reiteración de estas irregularidades hacen insostenible la continuidad de las actuales autoridades. La confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar un servicio esencial como el agua potable exige estándares de probidad, eficacia y responsabilidad que hoy claramente no se están cumpliendo”, denuncia la organización ambientalista.
En este contexto, agrega que la renuncia de las máximas autoridades de la Superintendencia constituye una medida necesaria para restablecer la legitimidad institucional, permitir el avance de las investigaciones en curso y abrir paso a una reforma profunda del sistema de fiscalización sanitaria.
El acceso al agua segura no puede quedar sujeto a estructuras débiles ni a fallas de gestión. Es deber del Estado garantizar este derecho con rigor, transparencia y responsabilidad.
“Este informe de la Contraloría marca un precedente gravísimo para nuestro país. No estamos frente a errores administrativos menores, sino ante fallas estructurales en la fiscalización de la calidad del agua potable, con ausencia de controles, retrasos
injustificados y falta de acción frente a incumplimientos que pueden poner en riesgo la salud de las comunidades” precisan desde Fundación Protege Los Molles.
“Cuando el propio organismo fiscalizador reconoce que no se realizaron inspecciones en terreno durante años y que no se actuó oportunamente ante irregularidades, estamos ante una vulneración directa al derecho humano al agua. Por eso, desde nuestra posición exigimos la destitución del Superintendente de Servicios Sanitarios y de sus direcciones
regionales, porque aquí hay una responsabilidad institucional que no puede seguir siendo normalizada.”
El informe no solo evidencia negligencia, también abre una oportunidad histórica: avanzar con fuerza en la Comisión Investigadora, establecer responsabilidades políticas y
administrativas y transformar el modelo de fiscalización “para que nunca más el acceso al agua segura dependa de sistemas débiles, opacos o capturados. El agua es un derecho humano, no una variable de gestión deficiente.”
Las organizaciones destacan que este informe constituye un insumo técnico clave para el trabajo de la Comisión Investigadora, así como para impulsar reformas que fortalezcan la gobernanza del dato ambiental, la independencia de los sistemas de monitoreo y la
transparencia en la gestión del agua.
En esa línea, hicieron un llamado a las autoridades a adoptar medidas concretas que permitan corregir las deficiencias detectadas, reforzar los mecanismos de fiscalización y garantizar el acceso equitativo y seguro al agua potable, especialmente en territorios afectados por escasez hídrica y conflictos socioambientales.
Finalmente, subrayaron que el desafío no es sólo administrativo, sino también político e institucional, en tanto requiere avanzar hacia un modelo que ponga en el centro la protección de los derechos humanos y la sostenibilidad de los ecosistemas.
Revisa aquí informe Contraloría: INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 51, DE 2026, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SAN
