La iniciativa que avanza en el Senado ha generado un fuerte rechazo de organizaciones periodísticas y expertos en derecho, quienes advierten que la norma podría limitar el periodismo de investigación y dificultar la difusión de casos de corrupción de alto impacto como el denominado “caso Audios”.
Una intensa controversia ha provocado el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal y que, según sus detractores, podría significar un duro golpe para la libertad de prensa en Chile. La iniciativa, conocida por diversos gremios como la “Ley Mordaza 2.0”, contempla sanciones que podrían alcanzar hasta cinco años de cárcel para quienes divulguen antecedentes de investigaciones penales sujetas a reserva.
La propuesta ha encendido las alertas entre organizaciones como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), ANATEL y el Colegio de Periodistas, que sostienen que la redacción del proyecto no solo castigaría a quienes filtran información desde el sistema judicial, sino también a los periodistas que la publiquen y a sus fuentes.
Las críticas apuntan a que, de haber estado vigente una norma de este tipo, investigaciones periodísticas que revelaron escándalos de corrupción, como el denominado caso Audios, probablemente nunca habrían sido conocidas por la opinión pública.
El proyecto establece penas de reclusión menor en su grado medio a máximo, además de multas que pueden superar las 500 UTM para quienes difundan antecedentes de causas penales bajo secreto. Sus impulsores argumentan que el objetivo es proteger las investigaciones, evitar filtraciones que puedan afectar diligencias y resguardar a víctimas y testigos.
Sin embargo, el amplio alcance de la norma ha generado reparos incluso entre algunos de sus patrocinadores. El senador Alfonso de Urresti anunció que buscará modificar el texto para que las sanciones recaigan exclusivamente sobre quienes, teniendo el deber legal de mantener la reserva, incumplan esa obligación, y no sobre los profesionales de la prensa.
Desde las regiones también surgieron críticas. El presidente del Colegio de Periodistas Décima Sur, Víctor Toledo Valenzuela, calificó la iniciativa como una amenaza para la democracia y sostuvo que las principales investigaciones sobre corrupción en el país han sido posibles gracias al trabajo de los medios de comunicación.
A juicio del dirigente, el proyecto no diferencia entre quien filtra ilegalmente información desde una investigación reservada y quien cumple la función de informar hechos de interés público, lo que —afirma— termina criminalizando el ejercicio del periodismo.
Las objeciones también provienen del ámbito jurídico. Constitucionalistas sostienen que la propuesta podría entrar en conflicto con las garantías de libertad de expresión e información consagradas en la Constitución y con tratados internacionales suscritos por Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información.
Para especialistas y organizaciones periodísticas, la principal preocupación es que la eventual aprobación de esta ley genere un efecto de autocensura, limitando la investigación de casos relacionados con corrupción, crimen organizado y otros asuntos de alto interés público, especialmente en regiones, donde la labor fiscalizadora de los medios locales resulta clave para el control ciudadano sobre las autoridades y el uso de los recursos públicos.
