Un nuevo flanco se abre para el Ejecutivo luego de que la Contraloría General de la República instruyera un sumario administrativo en la Secretaría General de Gobierno (Segegob), encabezada por la ministra Mara Sedini, a raíz de una controvertida campaña comunicacional.
La decisión del organismo fiscalizador apunta a esclarecer eventuales responsabilidades políticas y administrativas vinculadas a la difusión de mensajes en el marco de la campaña #PlanChileSaleAdelante, donde se afirmaba que el Estado se encontraba “en quiebra”.
Tras revisar los antecedentes, la Contraloría concluyó que dichas afirmaciones no contarían con respaldo técnico suficiente. Además, advirtió posibles infracciones a principios clave de la administración pública, como la probidad y la prescindencia política, especialmente en lo relativo al uso de recursos fiscales con fines que podrían interpretarse como propaganda.
El instructivo establece que el ministerio deberá iniciar formalmente la investigación interna en un plazo de cinco días hábiles. El proceso podría derivar en sanciones administrativas para los funcionarios que resulten responsables.
Este episodio tensiona nuevamente al Gobierno, instalando cuestionamientos sobre el manejo comunicacional y la veracidad de la información difundida en campañas institucionales, en un contexto donde la transparencia y el uso adecuado de recursos públicos se mantienen bajo escrutinio.
