Un clima de alta tensión se vive en el mundo de la pesca artesanal luego del retiro, por parte del Gobierno, del proyecto de nueva Ley de Pesca que ya registraba un 75% de avance en su tramitación. La decisión encendió las alarmas en el sector, cuyos dirigentes advierten que no descartan movilizaciones si la iniciativa no es repuesta.
La situación fue abordada en una reunión realizada en Coquimbo, donde participaron parlamentarios y pescadores artesanales. Sin embargo, la ausencia de legisladores del oficialismo generó aún más molestia entre los asistentes, quienes interpretaron el hecho como una señal de desinterés frente a sus demandas.
El dirigente de la Coordinadora Alianza del Norte (CORANOR) y representante del sector de la jibia, Pascual Aguilera, fue enfático en sus críticas. Según explicó, el proyecto avanzaba en aspectos clave como la licitación, punto que —asegura— afecta directamente a la industria pesquera. Aguilera también señaló que empresas del rubro habrían recurrido a la Contraloría solicitando indemnizaciones por eventuales pérdidas, requerimiento que habría sido rechazado.
“Vamos por la nulidad con todo. No descartamos la movilización, estamos en alerta permanente”, advirtió el dirigente, insistiendo en que el actual marco legal —conocido como Ley Longueira— no responde a las necesidades del sector artesanal.
En la misma línea, la diputada Carolina Tello informó que se alcanzaron acuerdos con los pescadores para solicitar al ministro de Economía el reingreso del proyecto de nueva Ley de Pesca, además de reactivar la tramitación de la nulidad de la actual normativa, iniciativa que permanece en el Senado a la espera de votación.
El conflicto abre un nuevo frente para el Gobierno, en medio de crecientes presiones desde el mundo artesanal que exige cambios estructurales y advierte que podría escalar el nivel de sus acciones si no hay respuestas concretas en el corto plazo.
