De acuerdo a un reportaje de investigación dado a conocer por radio Bio Bio, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que investigue la comisión del presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo -dirigida por Lucía Pinto (UDI)- debido a que la autoridad adquirió un terreno por $9.800 millones, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones.
La decisión adoptada por Abbott se basó en una presentación reservada que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, el pasado 3 de septiembre. En ella, el organismo fiscalizador dio cuenta que la adquisición de tierras por parte del Gobierno Regional (GORE) se realizó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.
Las razones para ello se basaron en que la autoridad regional usó la fórmula de trato directo, sin justificar el porqué, e incluso la investigación del Contralor determinó que en el proceso agregaron nuevas tasaciones que duplicaron el valor de los terrenos.
La entidad que dirige Bermúdez descubrió también que la Intendencia “actuó” a sus espaldas al dictar una quinta resolución, cuyo contrato fue inscrito en una notaría local -a escondidas- para obviar el control de legalidad, según se concluye.
Lo más grave, detalla la presentación a la fiscalía, es que el monto fue pagado íntegramente el pasado 28 de julio a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones, pese a que le fueron requeridas oficialmente.
Por esta razón se inició un sumario administrativo que complica a Lucía Pinto -y eventualmente a otros funcionarios- ya que es la jefa superior del servicio y las notificaciones de rechazo a la compra le eran notificadas a ella.
Reacciones
Para el diputado comunista por la región de Coquimbo, Daniel Nuñez, se trata de “una situación gravísima, de la cual yo había tenido conocimiento porque la Contraloría públicamente ya había cuestionado todo este proceso administrativo, pero la verdad que los últimos detalles yo lo desconocía, y que son dos que no hacen más que poner nuevamente las sospechas que aquí hay un fraude mucho mayor de lo que realmente parecía”.
El legislador de la Región de Coquimbo, dijo que “es sin duda, el mayor escándalo de corrupción que vive la Región de Coquimbo, en particular en el Gobierno Regional, desde el año 1990 desde el retorno a la democracia. En esta situación, la Intendenta Lucía Pinto, pasó por encima de todas las advertencias y cuestionamientos que hizo la Contraloría, autorizando una compra absolutamente irregular, puesto que no se cumplían las exigencias que señalaba el organismo normativo, por lo tanto cometió evidentes faltas y negligencias en su actuar y en su proceder como Intendenta y en el buen uso de los recursos públicos”.
Intendenta se defiende
La Intendenta Lucía Pinto, salió rápidamente en su defensa a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación a través de su Departamento de Comunicaciones, precisando que “como ha sido durante todo el proceso, el trámite se ha hecho ajustado a la legalidad”.
La Intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, señaló que “Contraloría puede poner en antecedente cualquier hecho que a su juicio deba ser investigada, pero nosotros tenemos la absoluta certeza y todos los antecedentes, que acreditan que no existe ningún tipo de irregularidad”.
Se trata de una situación que afecta al proceso de compra de un terreno para construir un nuevo recinto deportivo por más de 9 mil millones de pesos en el sector sur oriente de La Serena, en reemplazo de la Cordep, la que cedió su superficie, para la construcción del futuro nuevo hospital de La Serena.
Y es que la construcción de un nuevo hospital implicaba el uso de un terreno 10 veces más grande que el actual. A principios del 2019 se materializó un acuerdo por el cual el terreno que era ocupado por la Cámara Chilena de la Construcción.
“Esto se desarrolla en el marco de un trabajo mayor como es el futuro hospital. Cuando se entregó el terreno de la Cordep, la municipalidad se dedicó a la búsqueda de un espacio apropiado para el luego sitio deportivo, ellos evaluaron y realizaron todos los estudios técnicos. Este fue un proceso en el que actuamos diversas instituciones públicas, además del municipio, también estuvo el Consejo Regional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte”, indicó la Intendenta Pinto.
La representación de la Contraloría es la quinta que emite el organismo. En cada una de ellas realiza las mismas observaciones por las cuales el Gobierno Regional respondía con toda la información respectiva.
Al respecto, la máxima autoridad regional enfatizó que “hemos aportado todos los antecedentes concretos y resoluciones apegados al derecho. Tenemos discrepancias jurídicas, pero acá no se ha cometido ninguna irregularidad y para demostrarlo, aportaremos con toda la información que se requiera”.
Adicionalmente, señaló que “este proceso ha sido absolutamente transparente, en el que participaron diversos servicios públicos, con informes, estudios y una serie de antecedentes que avalan la legalidad y transparencia de todo este proceso, sustentado, incluso, con dictámenes de la propia Contraloría”.
Para la Intendenta Pinto, el trato directo acordado para comprar este terreno es la forma más rápida y efectiva de avanzar en la materialización del nuevo hospital, porque, subrayó, no se puede dejar pasar una oportunidad de responder a una demanda histórica de la población.
Vea reportaje completo de Radio Bío Bío: https://www.biobiochile.cl/especial/reportajes/2020/09/24/papaya-gate-fiscalia-investiga-fraude-al-fisco-por-9-800-millones-en-intendencia-de-coquimbo.shtml
