Tras casi seis años de investigación, el Ministerio Público archivó la causa por presunto tráfico de influencias que involucraba a Nelson Pizarro, ex presidente ejecutivo de la estatal cuprífera. El juez cuestionó duramente el actuar del Consejo de Defensa del Estado y el caso terminó sin culpables ni juicio.
La Fiscalía nuevamente baja la cortina sin resultados concretos. Esta vez, fue en el bullado caso por tráfico de influencias que apuntaba al ex presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, y que, tras casi seis años de indagatorias, concluyó sin una sola formalización.
El proceso, iniciado en diciembre de 2019 por una querella de la propia minera estatal, acusaba a Pizarro de favorecer negocios relacionados con su hijo mediante contratos directos durante su gestión. Sin embargo, pese a las investigaciones dirigidas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, liderada por la fiscal Constanza Encina, el Ministerio Público resolvió no perseverar en la causa por falta de pruebas.
El fiscal Cristóbal Salazar confirmó en audiencia que las diligencias realizadas —incluyendo el levantamiento del secreto bancario y análisis de sociedades vinculadas— no arrojaron antecedentes concluyentes. El cierre definitivo llegó a fines de abril, con la renuncia del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a apelar la resolución.
Pero la audiencia del 24 de abril dejó mucho más que el fin de un caso. Dejó en evidencia la fragilidad institucional en la conducción de causas complejas, con el juez Daniel Urrutia criticando abiertamente al CDE. “No es su trabajo venir a blufear a una audiencia de esta importancia”, afirmó el magistrado, calificando de negligente el actuar del organismo por presentar solicitudes sin revisar los antecedentes.
¿Y ahora qué?
La defensa de Pizarro, encabezada por la abogada Andrea Rivera, celebró el cierre de la causa como una reivindicación de su cliente y anunció que evalúan acciones reparatorias por el daño a su honra. “El proceso fue largo, desgastante e injusto”, señaló Rivera. En la misma línea, el abogado Samuel Donoso acusó a los querellantes de “manchar la honra de un prohombre de la minería”, y denunció una práctica peligrosa de levantar acusaciones sin sustento.
Desde el otro lado, el abogado del CDE, Fernando Guerra, intentó reabrir la causa alegando diligencias pendientes, pero su intento fue desestimado por el tribunal y duramente criticado por su falta de preparación.
Este caso se suma a otros donde la Fiscalía abre investigaciones rimbombantes pero que, con el paso del tiempo, se diluyen sin sanciones, dejando la sensación de que el aparato estatal no logra responder con firmeza cuando se trata de figuras de alto perfil.
Mientras tanto, el daño reputacional ya está hecho, las responsabilidades institucionales siguen en el aire, y la ciudadanía se queda con una nueva señal de impunidad en los niveles más altos del poder.
