En una decisión que ha generado controversia, el Juzgado de Garantía de La Serena determinó imponer la medida cautelar de reclusión nocturna domiciliaria a los exfuncionarios del Gobierno Regional de Coquimbo involucrados en el caso conocido como “Papaya Gate”. Además, el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva para la exintendenta Lucía Pinto y el exadministrador regional José Cáceres, quienes son considerados los principales responsables del presunto fraude al fisco por más de 9.800 millones de pesos en la compra irregular de terrenos en La Serena.
El caso, que se remonta a 2019, involucra la adquisición de terrenos en el sector de San Ramón a un precio significativamente superior al valor de mercado. La Contraloría General de la República detectó que la compra se realizó sin la toma de razón correspondiente, a pesar de haber sido rechazada en múltiples ocasiones por el organismo. Este hallazgo llevó a la destitución de Lucía Pinto por “infracción grave al principio de probidad administrativa”, sanción que le impide ejercer cargos públicos por cinco años .
A pesar de las evidencias y de las querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado y el Gobierno Regional , la investigación penal ha avanzado lentamente.
La decisión del tribunal de no aplicar prisión preventiva a los principales acusados ha sido interpretada por algunos como una muestra de que la justicia “se corta por el hilo más delgado”, en consideración a la msyor que ostentaban en el caso.
El Juzgado de Garantía de La Serena dejó igualmente sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional a la exintendenta Lucía Pilar Pinto Ramírez, imputada por el Ministerio Público como autora del delito de fraude al fisco, y al exadministrador del organismo José Cáceres Rojas, imputado por fraude al fisco y negociación incompatible. Ilícitos perpetrados entre 2019 y 2020 en la comuna, por la adquisición con sobreprecio de un terreno para construir un centro deportivo comunitario financiado con fondos públicos por $9.800.000.
El caso “Papaya Gate” continúa siendo un símbolo de los desafíos que enfrenta el sistema judicial chileno en la lucha contra la corrupción y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción para garantizar la probidad en la administración pública.
