Un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de ley que busca endurecer la persecución penal contra quienes utilicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos al servicio de organizaciones criminales, creando una figura penal específica que sancione esta práctica y aumente las penas en los casos de mayor gravedad.
La iniciativa fue dada a conocer por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a los senadores Pedro Araya y Paulina Vodanovic, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la legislación para enfrentar el creciente involucramiento de menores en actividades vinculadas al crimen organizado.
El proyecto establece sanciones para quienes recluten, incorporen, financien, coordinen o faciliten la participación de menores de edad en bandas delictuales. Además, contempla penas más severas cuando las víctimas sean menores de 14 años, exista violencia o intimidación, o sean utilizadas para tareas como portar armas, transportar drogas, realizar labores de vigilancia, cobrar extorsiones o desempeñar cualquier otra función dentro de una organización criminal.
Asimismo, la propuesta fortalece las herramientas investigativas del Ministerio Público e incorpora medidas para decomisar los bienes obtenidos mediante estas actividades ilícitas, con el objetivo de debilitar el patrimonio de las organizaciones delictivas.
La presidenta del Senado explicó que la iniciativa busca abordar un aspecto que no ha sido suficientemente regulado, enfatizando que el combate a la delincuencia no puede centrarse únicamente en los menores que participan en delitos, sino también en los adultos que los captan y se aprovechan de su vulnerabilidad para incorporarlos a redes criminales.
Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic precisó que el proyecto no duplica la legislación vigente sobre reclutamiento de menores, sino que crea un delito distinto enfocado en la denominada “instrumentalización criminal”, es decir, sancionar a quienes utilizan a niños y adolescentes para ejecutar distintas funciones al interior de organizaciones delictivas. Según explicó, ambas normas serían complementarias y permitirían fortalecer el marco jurídico frente a este fenómeno.
En tanto, el senador Pedro Araya sostuvo que la actual legislación presenta un vacío respecto de quienes emplean a menores para delinquir, por lo que esta propuesta busca entregar una respuesta más integral frente al avance del crimen organizado y la delincuencia juvenil.
La moción será informada durante la próxima sesión del Senado y existe un acuerdo para que sea revisada por las comisiones de Seguridad Pública y de Constitución, con el propósito de acelerar su tramitación e incluso analizar su eventual fusión con otras iniciativas que persiguen el mismo objetivo.
